2- Sobre el suposat contingut injuriós o difamatori de les publicacions del nostre sindicat, hem de dir que en cap cas s'atempta contra les persones o l'institució a la que representen, simplement posen en coneixement fets, opinions i successos en el desenvolupament de les tasques sindical coneguts pels delegats sindicals del nostre sindicat, que relaten fets verídics i informatius en les nostres publicacions, redactats amb les millors intencions periodístiques per informar als treballadors municipals d'afers sindicals i dels seus representants, en virtut de la Llei Orgànica de Llibertat sindical.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

El delito de injurias

El concepto típico de injurias viene recogido en el artículo 208 del Código Penal, el cual dice expresamente que "es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad

Así, acciones objetivamente injuriosas, pero realizadas sin ánimo de injuriar, sino de bromear, criticar, narrar, etc., no son delitos de injurias. No obstante, como dice VIVES, "la concurrencia de ánimos distintos del de injuriar no siempre desplazará a éste, sin perjuicio de que la conducta pueda resultar justificada. Acciones que podrían considerarse injuriosas, pero que tienen una intencionalidad meramente informativa o de crítica constructiva (animus narrandi o criticandi) o en un contexto humorístico o festivo (animus jocandi) no constituyen delito.

El delito de calumnia

El delito de calumnia viene recogido y definido en el artículo 205 Código Penal, el cual define dicho delito como "la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad". Por consiguiente, en el aspecto objetivo, la calumnia consiste en atribuir un hecho falso constitutivo de delito a otra persona, sea éste perseguible de oficio o a instancia de parte, por lo que la doctrina señala que constituye un tipo agravado de la injuria. Además, esto implica que si el hecho que se imputa es constitutivo de falta no existirá el delito de calumnia.

Nos plantearnos si cualquier ofensa o insulto resulta relevante constitucionalmente para fundar una restricción a los derechos-libertades de información o expresión, entendiendo por tales restricciones tanto la imposición de una sanción penal como la imposición de la obligación de indemnizar daños y perjuicios (tanto materiales como morales).

Respecto a este tema, la doctrina del Tribunal Constitucional desde las SSTC 171/1990 y 85/1992, viene manteniendo la necesidad de efectuar una ponderación aplicando el principio de proporcionalidad de los sacrificios, lo que implica negar la constitucionalidad a las limitaciones y sanciones que incidan en el ejercicio de los derechos fundamentales de forma poco comprensible, llegándose a afirmar por la STC 171/1990 que "la limitación del derecho a la información sólo se justifica si con un ínfimo sacrificio del mismo se consigue evitar un sacrificio total del derecho ajeno" dado que "el carácter molesto o hiriente de una información no constituye un sí un límite al derecho de información", siendo necesario para sobrepasar el límite de lo tolerable el que "las expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias sólo puedan entenderse dictadas no por un ánimo o por una por una función informativa, sino con malicia calificada por un ánimo vejatorio o la enemistad pura y simple".

Este aspecto debería ser estudiado en relación con los derechos relativos a la información y delimitado en él.

Respecto a este tema, debemos señalar que visto desde el punto de vista constitucional, la libertad de información es preferente por ser un elemento ineludible y un presupuesto básico de la conformación de la opinión pública libre y del Estado democrático de Derecho. Visto desde el punto de vista penal, el ejercicio legítimo de un derecho (libertad de expresión y de información) o de un oficio (periodista) es una circunstancia que exime de la responsabilidad criminal (art. 20.7 CP). Así, un tribunal al juzgar un caso de injurias o calumnias, en primer lugar debe examinar si se ha ejercido legítimamente el derecho a la libertad de expresión o información. De ser así, no existirá delito porque prevalece el interés público de la información veraz sobre el animus injuriandi.

Secció sindical ASEMIT

Tarragona, 3 de febrer de 2010